Luego de pasar por el proceso legislativo, así como en los congresos locales de las 32 entidades, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución en materia habitacional para los trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Gobernación publicó en la edición vespertina del DOF dicho decreto, con el cual el Infonavit avanza en la posibilidad de ampliar su mandato hacia la construcción de vivienda y así, cumplir la meta de edificar 500,000 hogares durante el presente sexenio; sin embargo, todavía falta que el organismo pueda adecuar su normativa interna.
Los puntos esenciales de la modificación a la constitución son los siguientes:
Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada a proporcionar a sus trabajadores viviendas adecuadas, mediante sus aportaciones al fondo nacional de la vivienda en favor de sus empleados. El fondo nacional de vivienda, operado por el Infonavit, establecerá un sistema habitacional con orientación social para que los derechohabientes puedan obtener crédito barato y suficiente para adquisición o mejora; también se permitirá que el organismo adquiera suelo y construya vivienda en los términos de la ley. Es necesaria la creación de una ley que regule las formas y procedimientos conforme a los cuales las personas derechohabientes del Infonavit puedan acceder a créditos y viviendas en arrendamiento social. Dicha ley establecerá términos y condiciones para que las personas puedan acceder a viviendas en arrendamiento social, así como el derecho de adquirirlas en propiedad. Según el decreto, la mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder 30% del salario de los trabajadores.Se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a los trabajadores que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia.
Normativa secundaria
Luego de la publicación del decreto, la normativa prevé un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley del Infonavit, con el fin de que tenga todas las facultades para la edificación de vivienda.
Asimismo, tal y como lo anunció la dirección sectorial de los Trabajadores del Infonavit, el decreto contempla un programa de eficiencia operativa, con el fin de reducir los costos del instituto, en un contexto donde el organismo presenta un índice de morosidad superior a 18 por ciento.
“Con el objeto de reivindicar la orientación social del Instituto, en un periodo no mayor a ciento ochenta días naturales deberá implementarse un programa de eficiencia operativa que permita hacer una reducción de costos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, se puede leer en el documento.
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